Editorial

Resumen

El derecho a una vivienda digna, a pesar de estar incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue siendo un elemento de intercambio comercial que mueve enormes cantidades de dinero. Es cierto que los Estados son incapaces de suministrar viviendas accesibles para todos sus ciudadanos, pero también es cierto que se pueden encontrar soluciones más imaginativas de las que estamos acostrumbrados a ver. Por otro lado, la participación social en la toma de decisiones, que es anecdótica en la mayoría de las democracias que conocemos, parece imprescindible para llevar a cabo con éxito cualquier iniciativa que pretenda solucionar este problema.