La participación social en el proceso de Remodelación de Trinitat Nova
Resumen
En todos los documentos normativos sobre planeamiento se establece que la redacción de los documentos urbanísticos debe hacerse de modo que se cuente con la opinión de ciudadanos y afectados a lo largo del proceso de redacción. Sin embargo en la práctica lo que ocurre es que, a través de los mecanismos de exposición pública y recepción de sugerencias y alegaciones, no se recogen realmente las opiniones y pulsiones de la mayoría de los ciudadanos respecto al modelo de ciudad que ellos desean. Son mecanismos muy imperfectos, poco eficaces y que generalmente sirven casi en exclusiva a aquellos que tienen intereses concretos como propietarios de suelo o a aquellos que se ven afectados por los cambios propuestos en el Plan.
Por otra parte, los vientos que soplan en las instancias europeas cada vez le dan más importancia a la participación de "todos" los agentes sociales y económicos en la definición y gestión de los problemas urbanos. El programa Urban de intervención en regeneración de barrios en crisis considera como factor fundamental para la concesión de los fondos europeos la existencia de una amplia red de asociaciones sociales de todo tipo, coherente con los objetivos del proyecto, que le de profundidad y conocimiento real de los problemas a los planteamientos iniciales, apoye el desarrollo del proyecto y garantice la continuidad de su impacto a largo plazo. Es sólo un ejemplo: esta exigencia de contar con todas las fuerzas sociales en el desarrollo de proyectos urbanos y de planificación se extiende a la mayoría de los proyectos apoyados por la Unión Europea y a buena parte de la gestión más innovadora y coherente también en nuestro país (véase como ejemplo, la gestión de los Parques Naturales...).
En los últimos documentos europeos sobre políticas urbanas, el tema de la participación se repite como uno de los ejes transversales de todo planteamiento: el documento de 1997 «Hacia una política urbana» lo recogía de esta manera. La Iniciativa de intercambio Urbano, liderada sucesivamente por Reino Unido, Austria, Alemania y Finlandia, le da especial importancia a la participación en cada uno de los temas elegidos para la presentación de Buenas Prácticas. En el documento de Viena de octubre del 99, que constituye la actual posición comunitaria, «Marco de Actuación para un Desarrollo Urbano Sostenible» se estructuran sus propuestas en cuatro grandes líneas de acción, de las que la primera sería: el Buen Gobierno y la Participación de los Ciudadanos.
Otras instancias internacionales, como Naciones Unidas, exige como condición para la concesión de menciones como en el concurso mundial de Buenas Prácticas Urbanas, el aval de una serie pertinente de asociaciones de base y otros agentes en colaboración en el desarrollo de una intervención urbana, para tener garantías de aceptación de los procesos por parte de la población.
El primer documento reseñado, «Hacia una Política Urbana», que inicia esta línea de propuestas, fue debatido en unas reuniones amplias convocadas por la Unidad de Desarrollo Espacial del Ministerio de Medio Ambiente, a las que asistieron representantes de las autoridades locales y regionales, de asociaciones vecinales, profesionales, ecologistas, universidades y agentes económicos. El tema de la participación, además de ser el que reunió menor asistencia por parte de los responsables políticos, fue el que generó menor consenso sobre las posibles medidas a tomar y perspectivas de futuro.
Todo esto para concluir que hace falta andar mucho camino aún para conseguir que la participación aporte a los procesos de planificación urbanística en España todo lo que en realidad se espera de ella. Para conseguirlo hay que emplear esfuerzo y dedicación en elaborar métodos que transformen los procesos participativos actuales, muy imperfectos y centrados sólo en sectores otra vez minoritarios de la población, en experiencias ricas, eficaces, agradables para la gente que participa en ellos y con consecuencias reales en la marcha de los procesos.
